Legalidad, ilegalidad, formalidad, informalidad, y transporte.

En estructura sociales residuales y economías estructuralmente desequilibradas, lo legal puede tener o no legitimidad según se acerque a los patrones de la formalidad o la informalidad que quienes operan desde el lado de la demanda consagren en mercados que adquieren características diferentes según los modos de los medios y el tamaño de los contextos en donde se realizan los servicios, calibrados por las agencias de control porque también las fronteras entre lo formal y lo informal no son claras y sus fisuras que por tratarse de estructuras oligopólicas, aprovechan los oferentes para competencias o colusiones que potencian más que amortiguar los desequilibrios, de todas maneras mientras la legalidad sea legítima con formalidad o informalidad los costos sociales de las decisiones, las expectativas y las cooperaciones serán menores a los costos sociales de oportunidad de la ilegalidad, aunque legitimada dentro de los límites formales o de los informales, muy especialmente en actividades donde la prestación de un servicio público consolidado como el transporte queda, frecuentemente, en tutela de personas o entidades privadas.

08.02.2015Casi el 80% de las agencias de remises que existen en la ciudad de Buenos Aires son ilegales lo que configura "un gravísimo problema que deriva en una desprotección para el usuario ante el caso de una accidente a raíz de la falta de controles suficientes de parte del gobierno porteño", informó la Cámara Argentina de Agencias de Remises (CAAR). Un relevamiento efectuado por el propio gobierno porteño da cuenta que sobre 393 agencias de remíses controladas en 41 barrios, sólo 88 estaban en regla y de las 305 restantes (78%) 192 eran ilegales y 113 tenían problemas con la habilitación. El informe de la Subsecretaría de Transporte admitió que las remiserías ilegales "suelen no estar aseguradas y sus autos no pasan ningún tipo de control ya sea de documentación o técnico, por lo que ante cualquier inconveniente el ciudadano no tiene forma de hacer valer sus derechos". Alberto Coppari, presidente de la Cámara Argentina de Agencias de Remises, dijo a Télam que esta situación se genera "por la falta de control suficiente del propio gobierno porteño, ya que muchas agencias ilegales no se ponen en regla porque saben que nadie las controla y no tienen sanciones". "Muchos de los propietarios de estas agencias ni registran la totalidad de automóviles que poseen -con la consecuente irregularidad en verificar sus condiciones técnicas- para no pagar ningún tributo por ello, ya que saben que los controles son muy flojos", destacó Coppari. Pero el titular de CAAR aportó otros datos que revelan la falta de relación entre automóviles registrados y agencias habilitadas. "El gobierno de la Ciudad emitió 1738 licencias para habilitar agencias y hay registrados oficialmente 2.574 autos como remís, entonces los números no cierran, ya que uno de los requisitos para habilitar una agencia es que tenga un mínimo de cinco automóviles en la calle", precisó el dirigente.  En este sentido apuntó que "debe haber más de 15.000 automóviles circulando por las calles sin la correspondiente habilitación para ser remís, con lo que tampoco cuenta con un seguro para el pasajero en caso de accidente y muchos de esos autos no poseen la Verificación Técnica Vehicular" que no es exigible para autos radicados en la Ciudad de Buenos Aires. En la década del 80 los remises eran casi un servicio de lujo, para uso empresarial o eventos especiales pero en los 90 de la mano de la crisis económica, mucha gente que perdió su empleo usó la indemnización para comprarse un auto y trabajarlo como remís, por lo que creció exponencialmente la cantidad de agencias de escala barrial. "Hay mucha irresponsabilidad en los controles, el gobierno de la Ciudad terceriza el servicio a través de la empresa SACTA, que tiene la concesión vencida desde hace más de diez años y debería controlar no sólo los remises, sino los fletes y el transporte escolar, pero no verifica nada", aseguró Coppari. Indicó que debería haber "un trabajo coordinado entre la Ciudad, la AFIP, la secretaría de trabajo porque existe mucha evasión tributaria y empleados no declarados, al margen de que los automóviles no poseen las condiciones necesarias para circular".