Políticas públicas transporte movilidad.

Después del desguace de los servicios públicos de los años noventa, después de los desmantelamientos de los servicios esenciales entregando administraciones al sector privado, entre los cuales estuvieron los ferrocarriles como emblema de lo que pasó con el transporte público y sus efectos colaterales, como los subsidios impuestos a servicios que no estaban subsidiados en mercados aparentemente más competitivos de lo que luego resultaron, además de los nombrados a los colectivos y subterráneos, hay que decir que todo indica que la política de transporte y de movilidad en sus nuevas interpretaciones, fue justamente la inexistencia de políticas o dicho de una manera más atenuada el mantenimiento de unos pocos criterios de gestión que jugaran como soportes que explicaran las aplicaciones de cuantiosos fondos de la sociedad, que pusieron en movimiento un mecanismo perverso de generación de elevados costos sociales que parecen no tener resoluciones, generando explotaciones privadas concesionarios de los servicios públicos que son ineficientes por excelencia ineficaces de bajas rentabilidades y productividad, en un ámbito que incluye los extremos de explotaciones inviables sin las subvenciones a otras que las subvenciones financian actividades complementarias que en algunos casos no tienen que ver ni con el transporte ni con la movilidad, en situaciones que significan transformaciones patrimoniales que tiende a las concentraciones de gestión y de ganancias privadas  las mezclas de costos financieros o comerciales con los propios costos operativos, quiebras y concursos que terminan acordándose en tribunales que operan en connivencia con los privados y con el propio sector público.