Movilidad y transporte.

Transcripciones. Hay que elaborar y ejecutar un Plan de Movilidad Urbana (PMU) y bajo ésta premisa planificar de manera integral la movilidad en los tres ámbitos funcionales siguientes: Los medios de transporte: este ámbito comprende el conjunto de medidas para mejorar la eficiencia de uso y las condiciones de seguridad de los distintos modos de transporte utilizados, tanto los modos no motorizados como los transportes colectivos o los medios privados (taxis y remises). El espacio público: realizar una asignación adecuada de este espacio entre los medios de transporte y los demás usos de la vía pública. El espacio privado: la organización funcional del espacio es el principal determinante de la cantidad y la distancia de los desplazamientos que necesitan realizar cotidianamente los ciudadanos. Además, en el espacio privado también deberán prever reservas para el estacionamiento de vehículos (bicicletas, motocicletas, automóviles) y para operaciones de carga y descarga de mercancías. Difícilmente el conductor tomará su automóvil si no tiene donde estacionarlo o si el costo de hacerlo resulta demasiado alto. Por eso muchas ciudades han utilizado la oferta de estacionamiento como una herramienta eficaz para racionalidad del uso del automóvil y para regular la entrada de vehículos en determinadas áreas de la ciudad. Durante muchos años, las políticas de estacionamiento en la mayor parte de las ciudades consistían en ofrecer el mayor número de plazas de posible para satisfacer a la demanda existente. Ello supuso, sin duda alguna, un impulso notable en el crecimiento del uso del automóvil. Ahora bien, desde el paradigma de las sostenibilidades las políticas de aparcamiento deben basarse justamente en lo contrario: en racionalizar la entrada de vehículos evitando el acceso generalizado al área céntrica, dándose prioridad al transporte público y a las bicicletas. Los aparcamientos de disuasión, también llamados park & ride (“aparcar y montar”) o de intercambio, son aparcamientos que facilitan el cambio entre transporte privado y transporte público gracias a su ubicación privilegiada en las estaciones de autobús y ferrocarril. Su objetivo principal es disuadir a las personas de usar el coche para acceder al centro de una ciudad, ofreciéndoles una alternativa competitiva y de calidad basada en el estacionamiento del vehículo en la periferia y el posterior desplazamiento al centro de la ciudad mediante el transporte público. “Si a una buena red de transporte público masivo se le añade el diseño de sistemas de park & ride que evite que muchos de los conductores ingresen al centro de las ciudades en sus automóviles y, además, la política de estacionamientos se restringe a tres horas como máximo (para que no lleven el automóvil al trabajo), con lo que se estaría promoviendo que algunos dejen el auto y se suban al transporte público, y que otros los dejen cerca de sus casas en las estaciones del transporte público masivo o en la periferia de la ciudad”. “Algunos ejemplos de estas acciones los podemos encontrar en Barcelona, donde distintas zonas de park & ride en el origen del viaje permiten que los usuarios dejen sus vehículos en la estación del ferrocarril de cercanías e ingresen al centro de la ciudad en transporte público, o en Nueva York, donde la ubicación de áreas de park & ride alrededor del centro de la ciudad permite que los usuarios dejen sus automóviles e ingresen al centro en buses especialmente diseñados para que funcione el sistema”. Entonces, si la tendencia de las llamadas ciudades verdes es no permitir el ingreso del automóvil particular al centro urbano, hay que racionalizar y ser muy cuidadosos con el incentivo indiscriminado de facilidades impositivas para el establecimiento de lugares destinados al estacionamiento de rodados dentro del casco céntrico de la ciudad. Cómo promover el uso racional del automóvil “Racionalizar no quiere decir prohibir, sino limitar su acceso a las zonas de la ciudad que consideremos de uso preferencial para otras formas de transporte, tratar de reducir su demanda, en especial cuando existen formas alternativas de desplazarse, y conseguir un uso tan seguro, fluido y aceptable ambientalmente como sea posible cuando sea imprescindible usarlo”. Para ello se han utilizado varias estrategias: Peaje urbano: que deben abonar los vehículos que ingresan a determinadas zonas de la ciudad (Londres). Zonas ambientales: en las que se prohíbe el paso de vehículos a motor, públicos o privados, que no lleven una etiqueta verde que certifica que no superan ciertos límites de emisiones (Berlín). Pico y placa: se regula el uso de los automóviles en función del número de patente y en las horas pico (Bogotá). “Si lo que se pretende es racionalizar el uso del automóvil, es necesario revertir esta imagen idílica que tiene (símbolo de libertad, de autonomía, de progreso social, de estatus) explicando a los ciudadanos las consecuencias de su (ab)uso, ofreciéndoles alternativas para realizar sus desplazamientos”. “Los accidentes de tráfico se han convertido en un problema social, que solo es abordable con la participación del conjunto de administraciones públicas y los distintos colectivos sociales con conocimiento y competencias sobre la materia. Es preciso que cada organismo intervenga, desde su ámbito de competencia, con medidas urbanísticas, educativas, técnicas, legislativas, policiales o de control para encontrar posibles soluciones a la compleja cuestión de la accidentalidad vial urbana. En este sentido, la colaboración institucional y del tejido social y económico debe ser permanente y dinámica en todo lo que atañe a la seguridad vial, puesto que el marco legal actual otorga competencias normativas y de gestión a todos los niveles de administración”. “Para lograr una adecuada articulación en las actuaciones de las distintas administraciones y lograr que funcione el conjunto deben establecerse ciertas relaciones entre ellas que permitan avanzar en el objetivo de mejorar la seguridad vial. Esta colaboración debe llevarse a cabo bajo los principios de coordinación, cooperación, complementariedad e información recíproca, respetando las competencias propias de cada administración implicada. Para conseguir dicha participación son interesantes instrumentos como los planes de seguridad vial, los convenios de colaboración o la existencia de órganos colegiados en los que, mediante la participación de todos los actores, se consiga un mayor grado de eficacia en la consecución de los resultados previstos. En ese sentido fue una señal positiva la audiencia pública o consulta ciudadana convocada por el intendente capitalino, Jorge Capitanich, que tuvo amplia respuesta de los vecinos interesados en discutir y presentar sus propias propuestas alternativas a las del municipio, para el mejoramiento del transporte público en la ciudad, que justamente constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de movilidad urbana y como tal debe ser revisado tanto en sus recorridos o itinerarios de viaje como en la calidad del servicio prestado a los usuarios y su relación con el costo de la tarifa, de manera de incentivar e incrementar su utilización, logrando así un uso más eficiente del espacio público, teniendo en cuenta el espacio físico ocupado en relación a la cantidad de personas transportadas, y redundando ello en beneficio de la funcionalidad vial (comodidad y fluidez de la circulación). La “ciudad inteligente” a veces también llamada “ciudad eficiente” o “ciudad súper-eficiente”, se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales. A propósito, la sostenibilidad también debe darse en el ámbito de la movilidad urbana, ya que a través de ésta última los habitantes pueden desarrollar todas sus actividades y en ella se encuentran comprometidos intereses económicos, sociales, políticos, entre otros. Una Smart City, o ciudad inteligente, se puede describir como aquella ciudad que aplica las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garantice: Un desarrollo sostenible. Un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. Una mayor eficacia de los recursos disponibles. Una participación ciudadana activa. Por lo tanto, son ciudades que son sostenibles económica, social y medioambientalmente. La Smart City nace de la necesidad de mantener una armonía entre estos aspectos. “Una ciudad o complejo urbano podrá ser calificado de inteligente en la medida que las inversiones que se realicen en capital humano (educación permanente, enseñanza inicial, enseñanza media y superior, educación de adultos), en aspectos sociales, en infraestructuras de energía (electricidad, gas), tecnologías de comunicación (electrónica, Internet) e infraestructuras de transporte, contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo económico-ambiental durable y sostenible, una gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, y un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos” (Jesús Vela de Rodrigo, Ciudades inteligentes: gobierno participativo, sitio digital ‘Nueva Tribuna’, 26 de enero de 2013). Las ciudades modernas, basadas en infraestructuras eficientes y durables de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, transportes, servicios de urgencia y seguridad, equipamientos públicos, edificaciones inteligentes de oficinas y de residencias, deben orientarse a mejorar el confort de los ciudadanos, siendo cada vez más eficaces y brindando nuevos servicios de calidad, mientras que se respetan al máximo los aspectos ambientales y el uso prudente de los recursos naturales no renovables.