Financiaciones de la logística.

Uno de los dos inconvenientes más importantes para alcanzar el objetivo de disminuciones de los costos de transacción y dentro de estos los costos de fletes y logística en general, es el de los plazos para las realizaciones o cancelaciones de los documentos que respaldan los convenios o contratos vigentes que en el mejor de los casos, en economías como la nacional con elevada inflación y políticas laxas no tendrían que ser mayores a los sesenta/noventa días, el otro es el de las estructuras de los mercados esto es en los escenarios donde se toman las decisiones de primera y última instancia, es decir las que son determinantes de otras, todos sin excepción caracterizados por oligopolios controlados en la mayoría de los casos por quienes desempeñan el rol de productores es decir monopolios cerrados/monopsonios.

Transcripciones. La Plataforma Sectorial contra la Morosidad (PMcM) ha valorado de forma satisfactoria que el grupo parlamentario Ciudadanos presente en el Congreso una Proposición de Ley para poner en marcha un régimen sancionador que multe a las empresas que, de manera sistemática, no pagan a sus proveedores en los plazos legales, medida que figura en uno de los 150 acuerdos de Gobierno con el PP.

El presidente de la Plataforma Sectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, ha instado a los diputados del Congreso a que tramiten la medida "con la máxima urgencia porque un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones, se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos".

En su opinión, "se acaba de iniciar un camino que ha de llevar a la consecución del régimen sancionador. Más allá de las apreciaciones que surgirán durante el trámite parlamentario, lo cierto es que se generará un antes y un después en la economía de nuestro país".

Según la plataforma, la Proposición de Ley incluye conceptos como la creación de un Observatorio de la Morosidad, la instauración de medidas extrajudiciales que permitirían la solución de conflictos a través del arbitraje, y la penalización a las empresas que incumplan de forma sistemática los plazos de pago.

Antoni Cañete explica que "de ponerse en marcha un régimen sancionador y si se consigue que la nueva Ley de Contratos del Sector Público incluya las enmiendas de la plataforma contra la morosidad (entre las que se encuentra que no exista acuerdo entre las partes en la relación cliente-proveedor), no sólo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores, sino que estaríamos ante un compromiso político que permitirá no crear más trampas para saltarse legalmente los plazos de pago".

Según el último informe de la plataforma, el plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2016, tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando, respectivamente, de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos aún de los 30 y 60 días que establece la ley.