Transcripciones. Hay que elaborar
y ejecutar un Plan de Movilidad Urbana (PMU) y bajo ésta premisa planificar de
manera integral la movilidad en los tres ámbitos funcionales siguientes: Los
medios de transporte: este ámbito comprende el conjunto de medidas para mejorar
la eficiencia de uso y las condiciones de seguridad de los distintos modos de
transporte utilizados, tanto los modos no motorizados como los transportes
colectivos o los medios privados (taxis y remises). El espacio público:
realizar una asignación adecuada de este espacio entre los medios de transporte
y los demás usos de la vía pública. El espacio privado: la organización
funcional del espacio es el principal determinante de la cantidad y la
distancia de los desplazamientos que necesitan realizar cotidianamente los
ciudadanos. Además, en el espacio privado también deberán prever reservas para
el estacionamiento de vehículos (bicicletas, motocicletas, automóviles) y para
operaciones de carga y descarga de mercancías. Difícilmente el conductor tomará
su automóvil si no tiene donde estacionarlo o si el costo de hacerlo resulta
demasiado alto. Por eso muchas ciudades han utilizado la oferta de
estacionamiento como una herramienta eficaz para racionalidad del uso del
automóvil y para regular la entrada de vehículos en determinadas áreas de la
ciudad. Durante muchos años, las políticas de estacionamiento en la mayor parte
de las ciudades consistían en ofrecer el mayor número de plazas de posible para
satisfacer a la demanda existente. Ello supuso, sin duda alguna, un impulso
notable en el crecimiento del uso del automóvil. Ahora bien, desde el paradigma
de las sostenibilidades las políticas de aparcamiento deben basarse justamente
en lo contrario: en racionalizar la entrada de vehículos evitando el acceso
generalizado al área céntrica, dándose prioridad al transporte público y a las
bicicletas. Los aparcamientos de disuasión, también llamados park & ride
(“aparcar y montar”) o de intercambio, son aparcamientos que facilitan el
cambio entre transporte privado y transporte público gracias a su ubicación
privilegiada en las estaciones de autobús y ferrocarril. Su objetivo principal
es disuadir a las personas de usar el coche para acceder al centro de una
ciudad, ofreciéndoles una alternativa competitiva y de calidad basada en el
estacionamiento del vehículo en la periferia y el posterior desplazamiento al
centro de la ciudad mediante el transporte público. “Si a una buena red de
transporte público masivo se le añade el diseño de sistemas de park & ride
que evite que muchos de los conductores ingresen al centro de las ciudades en
sus automóviles y, además, la política de estacionamientos se restringe a tres
horas como máximo (para que no lleven el automóvil al trabajo), con lo que se
estaría promoviendo que algunos dejen el auto y se suban al transporte público,
y que otros los dejen cerca de sus casas en las estaciones del transporte
público masivo o en la periferia de la ciudad”. “Algunos ejemplos de estas
acciones los podemos encontrar en Barcelona, donde distintas zonas de park
& ride en el origen del viaje permiten que los usuarios dejen sus vehículos
en la estación del ferrocarril de cercanías e ingresen al centro de la ciudad
en transporte público, o en Nueva York, donde la ubicación de áreas de park
& ride alrededor del centro de la ciudad permite que los usuarios dejen sus
automóviles e ingresen al centro en buses especialmente diseñados para que
funcione el sistema”. Entonces, si la tendencia de las llamadas ciudades verdes
es no permitir el ingreso del automóvil particular al centro urbano, hay que
racionalizar y ser muy cuidadosos con el incentivo indiscriminado de
facilidades impositivas para el establecimiento de lugares destinados al
estacionamiento de rodados dentro del casco céntrico de la ciudad. Cómo
promover el uso racional del automóvil “Racionalizar no quiere decir prohibir,
sino limitar su acceso a las zonas de la ciudad que consideremos de uso
preferencial para otras formas de transporte, tratar de reducir su demanda, en
especial cuando existen formas alternativas de desplazarse, y conseguir un uso
tan seguro, fluido y aceptable ambientalmente como sea posible cuando sea
imprescindible usarlo”. Para ello se han utilizado varias estrategias: Peaje
urbano: que deben abonar los vehículos que ingresan a determinadas zonas de la
ciudad (Londres). Zonas ambientales: en las que se prohíbe el paso de vehículos
a motor, públicos o privados, que no lleven una etiqueta verde que certifica
que no superan ciertos límites de emisiones (Berlín). Pico y placa: se regula
el uso de los automóviles en función del número de patente y en las horas pico
(Bogotá). “Si lo que se pretende es racionalizar el uso del automóvil, es
necesario revertir esta imagen idílica que tiene (símbolo de libertad, de
autonomía, de progreso social, de estatus) explicando a los ciudadanos las
consecuencias de su (ab)uso, ofreciéndoles alternativas para realizar sus
desplazamientos”. “Los accidentes de tráfico se han convertido en un problema
social, que solo es abordable con la participación del conjunto de
administraciones públicas y los distintos colectivos sociales con conocimiento
y competencias sobre la materia. Es preciso que cada organismo intervenga,
desde su ámbito de competencia, con medidas urbanísticas, educativas, técnicas,
legislativas, policiales o de control para encontrar posibles soluciones a la
compleja cuestión de la accidentalidad vial urbana. En este sentido, la
colaboración institucional y del tejido social y económico debe ser permanente
y dinámica en todo lo que atañe a la seguridad vial, puesto que el marco legal
actual otorga competencias normativas y de gestión a todos los niveles de
administración”. “Para lograr una adecuada articulación en las actuaciones de
las distintas administraciones y lograr que funcione el conjunto deben
establecerse ciertas relaciones entre ellas que permitan avanzar en el objetivo
de mejorar la seguridad vial. Esta colaboración debe llevarse a cabo bajo los
principios de coordinación, cooperación, complementariedad e información recíproca,
respetando las competencias propias de cada administración implicada. Para
conseguir dicha participación son interesantes instrumentos como los planes de
seguridad vial, los convenios de colaboración o la existencia de órganos
colegiados en los que, mediante la participación de todos los actores, se
consiga un mayor grado de eficacia en la consecución de los resultados
previstos. En ese sentido fue una señal positiva la audiencia pública o
consulta ciudadana convocada por el intendente capitalino, Jorge Capitanich,
que tuvo amplia respuesta de los vecinos interesados en discutir y presentar
sus propias propuestas alternativas a las del municipio, para el mejoramiento
del transporte público en la ciudad, que justamente constituye uno de los
pilares fundamentales del sistema de movilidad urbana y como tal debe ser
revisado tanto en sus recorridos o itinerarios de viaje como en la calidad del
servicio prestado a los usuarios y su relación con el costo de la tarifa, de
manera de incentivar e incrementar su utilización, logrando así un uso más
eficiente del espacio público, teniendo en cuenta el espacio físico ocupado en
relación a la cantidad de personas transportadas, y redundando ello en
beneficio de la funcionalidad vial (comodidad y fluidez de la circulación). La
“ciudad inteligente” a veces también llamada “ciudad eficiente” o “ciudad
súper-eficiente”, se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la
sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades
básicas de instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en el
plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales. A
propósito, la sostenibilidad también debe darse en el ámbito de la movilidad
urbana, ya que a través de ésta última los habitantes pueden desarrollar todas
sus actividades y en ella se encuentran comprometidos intereses económicos, sociales,
políticos, entre otros. Una Smart City, o ciudad inteligente, se puede
describir como aquella ciudad que aplica las tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) con el objetivo de proveerla de una infraestructura que
garantice: Un desarrollo sostenible. Un incremento de la calidad de vida de los
ciudadanos. Una mayor eficacia de los recursos disponibles. Una participación
ciudadana activa. Por lo tanto, son ciudades que son sostenibles económica,
social y medioambientalmente. La Smart City nace de la necesidad de mantener
una armonía entre estos aspectos. “Una ciudad o complejo urbano podrá ser
calificado de inteligente en la medida que las inversiones que se realicen en
capital humano (educación permanente, enseñanza inicial, enseñanza media y
superior, educación de adultos), en aspectos sociales, en infraestructuras de
energía (electricidad, gas), tecnologías de comunicación (electrónica,
Internet) e infraestructuras de transporte, contemplen y promuevan una calidad
de vida elevada, un desarrollo económico-ambiental durable y sostenible, una
gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos
naturales, y un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos” (Jesús Vela
de Rodrigo, Ciudades inteligentes: gobierno participativo, sitio digital ‘Nueva
Tribuna’, 26 de enero de 2013). Las ciudades modernas, basadas en
infraestructuras eficientes y durables de agua, electricidad,
telecomunicaciones, gas, transportes, servicios de urgencia y seguridad,
equipamientos públicos, edificaciones inteligentes de oficinas y de
residencias, deben orientarse a mejorar el confort de los ciudadanos, siendo
cada vez más eficaces y brindando nuevos servicios de calidad, mientras que se
respetan al máximo los aspectos ambientales y el uso prudente de los recursos
naturales no renovables.
Etiquetas: políticas y planificación del transporte